«Pornovenganza»: ¿Qué sanciones arriesgan quienes difundan material íntimo sin consentimiento?
Tras la denuncia pública efectuada este lunes por la senadora Camila Flores (Renovación Nacional) respecto a la filtración y viralización no consentida de fotografías de índole sexual suyas, el debate se trasladó al terreno de las responsabilidades penales.
La parlamentaria por la Región de Valparaíso acusó directamente a su exesposo, Percy Marín, de estar «coludido con otras personas» para difundir dicho material obtenido de manera ilícita, gatillando una serie de dudas sobre las sanciones que arriesgan quienes resulten responsables ante la justicia.
En Chile, la legislación sanciona penalmente la difusión, envío, publicación o exhibición de imágenes, audios o videos íntimos con connotación sexual sin el consentimiento de la persona afectada, una conducta tipificada en el Código Penal y reforzada por el marco de la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres.
Para aclarar el panorama judicial, la abogada penalista Camila Leyton, académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Chile (Usach), analizó las implicancias del caso y detalló las severas penas de cárcel y multas económicas contempladas para este delito, conocido como «pornovenganza».
«En este caso en particular, observamos que hay imágenes que fueron grabadas o obtenidas sin la autorización de la persona que las protagoniza y, siendo esto un espacio cerrado, un recinto privado, efectivamente se ha sancionado en nuestro ordenamiento jurídico por penas que van desde el presidio menor en su grado mínimo a máximo; es decir, desde los 61 días hasta los cinco años y multas de 10 a 500 unidades tributarias mensuales (UTM)», explicó a Diario Usach.
Agravantes por difusión
La especialista acotó que la legislación es aún más estricta si quien capturó el registro de forma ilícita es la misma persona que posteriormente se encarga de su difusión en plataformas digitales o redes sociales, elevando el piso mínimo de la pena privativa de libertad.
«Si además esta misma persona que capturó el video divulga las imágenes, las penas asignadas son de presidio menor en su grado máximo; esto es, desde los tres años y un día hasta los cinco años, y también una multa asociada que va desde las 100 hasta las 500 UTM», advirtió Leyton.