Los fiscales de la Unión Europea impugnaron arrestos de migrantes realizados sin una orden judicial. Su actuación cuestiona la licitud de esas detenciones y la forma en que se aplicó la normativa migratoria. Los fiscales sostienen que la práctica ha causado 'graves daños' a los derechos de las personas detenidas. La controversia se centra en la falta de autorización judicial antes de privar de libertad a los migrantes. El control judicial se presenta en este caso como una garantía frente a decisiones discrecionales. Según los fiscales, las personas detenidas sin esa autorización están expuestas a posibles vulneraciones de sus derechos. El asunto abre un debate sobre los límites de la fiscalización en materia de detención de migrantes.