La Suprema Corte de Justicia de México validó la Ley de Ciencia. La sentencia ratifica el marco legal aplicado a la actividad científica dentro del país. El tribunal también conserva un tratamiento diferenciado para los investigadores privados. En la práctica, el apoyo a este colectivo no se rige por las mismas reglas que el destinado a otros investigadores. La decisión aporta mayor certeza jurídica a las universidades, laboratorios y centros que contratan con investigadores privados. Las instituciones afectadas deberán mantener sus programas de apoyo dentro de las distinciones previstas por la ley. La aplicación de la sentencia seguirá exigiendo criterios claros para determinar qué investigadores pueden accede a cada tipo de apoyo.