El Ministerio Público confirmó que 22 alcaldes y 18 fiscales tienen medidas de protección por amenazas del crimen organizado. El fiscal nacional, Ángel Valencia, anunció que cuando una autoridad sea amenazada, serán los fiscales regionales quienes deban asumir personalmente las indagatorias. La instrucción busca dar una respuesta más directa frente a la presión de las bandas sobre autoridades locales y del propio sistema judicial.