Bassil revela una serie de medidas legales y constitucionales para proteger los derechos de los expatriados
El presidente del Movimiento Patriótico Libre, el diputado Gebran Bassil, reveló en una rueda de prensa sobre las elecciones y los derechos de la diáspora que se están preparando una serie de medidas legales y constitucionales y que se están tomando todas las medidas legales y administrativas necesarias a nivel interno y externo.Señaló que se presentará un recurso contra la decisión de presentar las candidaturas ante el Consejo Consultivo del Estado, así como una pregunta al Gobierno sobre su incumplimiento de la ley, y se enviará una carta al Consejo de los Diputados solicitando una moción de censura firmada por diez diputados contra el ministro de Asuntos Exteriores y el Gobierno.Explicó: «Han pasado tres sesiones legislativas y aún no se ha celebrado la sesión de debate del Gobierno, tal y como prometió el presidente del Consejo de los Diputados, Nabih Berri».Bassil llamó a la diáspora a levantarse y a todos los que deseen presentar su candidatura desde el extranjero a que lo hagan, lo que les da derechos constitucionales para impugnar las decisiones y el proceso electoral.Bassil señaló que “defendemos un principio fundamental del Estado de derecho, que es el respeto de la legislación y de los derechos constitucionales de los libaneses, estén donde estén”. Afirmó que “la cuestión no es técnica ni procedimental, sino que se refiere directamente a tres derechos políticos fundamentales que la ley electoral consagra a los expatriados, a saber, el derecho al voto, el derecho a presentarse como candidato y el derecho a la representación parlamentaria directa”.Bassil señaló que “los libaneses de la diáspora tienen derecho a votar, a presentarse como candidatos y a ser representados donde quieran, ya sea en su circunscripción en el Líbano o en su circunscripción en el extranjero”, y añadió que “la ley creó la circunscripción 16 y asignó seis escaños a la diáspora, con lo que el número de miembros del Parlamento se elevó a 134 diputados”. Bassil afirmó que “la ley es clara, su aplicación es fácil y el derecho existe, pero la pregunta es: ¿puede la administración suspender un derecho político reconocido por la ley?”.Bassil consideró que “existe una clara contradicción, ya que, por un lado, el ministro del Interior y de las Municipalidades, Ahmad al-Hajar, anunció oficialmente la fecha de las elecciones y convocó a los electores dispersos para el 3 de mayo de 2026 y a los residentes en el Líbano para el 10 de mayo de 2026, lo que significa que ha comenzado efectivamente la aplicación de la ley electoral en lo que respecta al voto de los libaneses en el extranjero”.Y continuó: “Por otro lado, se ha publicado una circular relativa a los plazos para la presentación de candidaturas y listas electorales en la que se afirma que, hasta la fecha, no es posible presentar candidaturas para los seis escaños, ya que no se han publicado los textos legales y reglamentarios necesarios”.Bassil consideró que “el peligro reside en la expresión “hasta la fecha” de la circular del ministro del Interior, ya que este ha reconocido que el problema no es jurídico, sino administrativo y político, lo que significa que la ley existe y el derecho está ahí, pero la administración se niega a aplicarla”.Afirmó que “no se necesitan nuevos textos legales, sino solo textos reglamentarios o aplicativos o una decisión conjunta de los ministros del Interior y de Asuntos Exteriores con el fin de determinar los mecanismos de ejecución, y estos derechos no crean ni anulan el derecho, sino que regulan su aplicación, Por lo tanto, la no promulgación de textos adicionales impide abrir la puerta a las candidaturas, lo que en la práctica significa trasladar el problema de la ley a la administración, ya que la obligación de promulgar los textos aplicativos recae sobre ella”. Y se preguntó: “¿Se puede convertir una negligencia administrativa en una realidad política que vacíe de contenido la ley?”.Bassil afirmó que “los textos normativos existen para aplicar la ley, no para obstaculizarla, y la expresión “hasta la fecha” significa que el impedimento es circunstancial, pero si es circunstancial, ¿cuál es esa circunstancia? ¿Y quién es responsable de ella?”.Añadió: “El día que el Gobierno obtuvo la confianza, era consciente de que le esperaban unas elecciones al cabo de un año y el ministro de Asuntos Exteriores es responsable de aplicar la ley, pero se niega deliberadamente a firmar el informe y presentarlo”.Bassil señaló que “en 2021, en virtud de la resolución n.º 1028, se creó una comisión mixta para estudiar el mecanismo de aplicación del capítulo XI de la ley electoral, que elaboró un informe exhaustivo y presentó opciones de aplicación claras sin indicar que la aplicación fuera imposible, lo que significa que la base ejecutiva existía desde 2021”. Afirmó: “Esta resolución se emitió antes de conocer los resultados de la nueva comisión conjunta que se constituyó posteriormente, el 23 de octubre de 2025, por lo que la decisión política se tomó de antemano, sin conocer el informe de la comisión”.Y continuó: “El 29 de octubre de 2025, el Consejo de ministros tomó la decisión de modificar la ley electoral basándose en la idea de la “imposibilidad de aplicación”. Y añadió: “La nueva comisión, compuesta en su mayoría por asesores del ministro de Asuntos Exteriores y personas ajenas al cuerpo diplomático, tampoco dijo que la aplicación fuera imposible, sino que ofreció cuatro opciones claras de aplicación sobre cómo distribuir los seis escaños, una de las cuales era adoptar la recomendación de la comisión conjunta, lo que confirma que el debate versó sobre cómo aplicarla y no sobre su viabilidad. Si hay cuatro opciones, significa que existen mecanismos de aplicación, que la ley es aplicable y que hay una opción que dieron las dos comisiones, una el 21 y otra el 25, que debe aprobarse.Y siguió diciendo: “Las comisiones parlamentarias también confirmaron, con el testimonio de los funcionarios implicados y del propio ministro del Interior, que el informe se había completado y que las soluciones estaban disponibles, por lo que la cuestión está clara y no estamos hablando de un vacío legal, sino de un informe existente, opciones preparadas y un proceso administrativo que no se completó intencionadamente como resultado de una decisión política”. Y preguntó: “¿Por qué no se presentó el informe al Consejo de ministros? ¿Quién es responsable de haberlo retirado de la circulación?”.Bassil señaló que “a partir de todo lo anterior, estamos obligados a tomar medidas legales claras para proteger un derecho reconocido por la ley y la Constitución, en primer lugar, mediante la vinculación del conflicto con el Ministerio de Asuntos Exteriores, lo cual no es una medida formal, sino un paso legal fundamental para confirmar la existencia de un fallo administrativo, hacer que la administración asuma sus responsabilidades y darle una última oportunidad para corregir el proceso y aplicar la ley de acuerdo con los principios”.Bassil señaló que “la importancia de vincular el conflicto radica en que traslada el debate del ámbito de la controversia política al de la responsabilidad legal y confirma que el problema no es el texto legal, sino la omisión de su aplicación”, subrayando que “es una vía legal para cualquier revisión posterior ante la justicia, que confirma los derechos de los afectados y preserva los plazos legales”.Bassil afirmó: “Nos basamos en vincular el conflicto con el Ministerio del Interior, que se mostró dispuesto a aplicar la ley, y el informe se firmó cuando utilizó en su circular la expresión “no ha sido posible... hasta la fecha”.Añadió: “El ministro del Interior confirmó ante las comisiones parlamentarias que está preparando un informe y que está dispuesto a aplicar la ley, siempre que lo apruebe el Ministerio de Asuntos Exteriores, lo que en sí mismo traslada el debate de la pregunta “¿se puede aplicar?” a “¿quién obstaculiza la aplicación?”. Afirmó que “la ley consagra tres derechos constitucionales claros para los expatriados y que, según la jurisprudencia comparada, estos derechos se consideran derechos adquiridos que no pueden ser revocados”.Bassil subrayó que “la abstención de la administración de ejercer sus competencias no constituye una neutralidad, sino una infracción legal en sí misma, lo que se conoce en el derecho administrativo como el principio de “incompetencia negativa”, señalando que “la propia Gobierno se comprometió en su declaración ministerial a promulgar los textos normativos necesarios para la aplicación de las leyes y, por lo tanto, la no promulgación de dichos textos constituye una desviación del principio de lealtad institucional hacia el programa gubernamental al que se ha comprometido”.Afirmó que “no nos detendremos en este paso, ya que la resolución del conflicto es el comienzo del camino, no el final”.Añadió: “Al fin y al cabo, las elecciones no son un detalle administrativo ni una etapa transitoria, sino un derecho constitucional fundamental”, y subrayó que “las elecciones deben celebrarse con pleno respeto de la ley, y no de forma parcial y selectiva”.Consideró que “lo que se necesita no son nuevos esfuerzos ni interpretaciones políticas, sino simplemente aplicar la ley tal y como está aprobada, ya que cualquier retroceso o suspensión de cualquier derecho establecido constituye un ataque a la legitimidad del propio proceso democrático”. Insistió en que “no hay que esconderse detrás de la autoridad legislativa y consultiva, ya que su opinión no es vinculante y no está por encima de la ley, y la prueba de ello es que “Se vieron obligados a promulgar la Ley n.º 67/2018 en abril de 2018 y, en octubre de 2021, a suspender algunos artículos de la ley, y la expresión “hasta la fecha” no exime de impugnación ni sustituye a la aplicación de la ley, ya que la convocatoria de los órganos electorales incluía la fijación de la fecha de las elecciones para los expatriados”.Concluyó diciendo: “144 000 libaneses residentes en el extranjero se han inscrito en el extranjero sobre la base de esta ley y son conscientes y están de acuerdo con votar desde el extranjero a los seis diputados que los representan directamente en la circunscripción 16. ¿Qué les dirán hoy? ¿Cómo eliminarán sus nombres de las listas de exclusión para votar en el interior?Dijo: “La ley establece que el número de diputados es de 134 y no se puede reducir a 128 y eliminar a seis diputados sin elegirlos mediante una decisión administrativa del ministro o del órgano legislativo sin modificar la ley”. Bassil pidió a los 144 000 expatriados y a otros que se presentaran como candidatos para no perder sus derechos, y se preguntó: “¿Vivimos en un Estado o en una selva?”.
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