«No quiero morir sin saber»: El clamor de las víctimas de adopciones ilegales en dictadura
Amelia Flores esperó más de medio siglo para que las autoridades investigaran la presunta muerte y desaparición, el 22 de febrero de 1974, de su hijo recién nacido.
Cuando pensaba que podría tener algo de claridad sobre uno de los episodios más tristes de su vida, el Gobierno de Kast desarticuló la unidad encargada de investigar las adopciones ilegales cometidas durante la dictadura y su esperanza se desvaneció por completo.
«Yo lo sentí llorar, pero no recuerdo nada más. Una inyección me dejó completamente inconsciente por tres días y a mi marido le entregaron un ataúd sellado y un servicio funeral pagado. Fue a pocos meses del golpe», relató a la agencia de noticias EFE Flores, que hoy tiene 72 años y cuando ocurrieron los hechos estaba ingresada en el Hospital Parroquial de San Bernardo.
Su historia está incluida en las más de 1.600 causas judiciales abiertas en Chile por supuestas adopciones ilegales a partir de los años 50, e intensificadas durante el régimen de Augusto Pinochet (1973-1990).
Se calcula que más de 20.000 niños fueron sustraídos, en una práctica que se consolidó gracias a la participación de médicos, matronas, jueces, autoridades migratorias y religiosos y que afectó principalmente a madres jóvenes y de pocos recursos.
«Con el tiempo supe que esto le había pasado a más familias. Miles de mamás como yo, con hijos sanos, fueron vejadas y sus bebés sustraídos sin ninguna explicación», aseguró Flores.
La sociedad civil lideró la búsqueda durante décadas
Creada en febrero pasado, un mes antes del cambio de gobierno, la Unidad de Búsqueda de Orígenes y Familiares de Personas Afectadas por Adopciones Ilegales, Forzadas o Irregulares (Ubafi) tenía el objetivo de coordinar los procesos de búsqueda entre distintas instituciones y facilitar los reencuentros.
«La unidad garantizaba que la investigación no quedara en manos de la sociedad civil, sino del Estado», dijo a EFE Marisol Rodríguez, presidenta y fundadora de Hijos y Madres del Silencio (HMS), una organización dedicada a la búsqueda y el acompañamiento.
El abogado Ananías Reyes, encargado de la unidad, explicó que esta «tenía competencias para acceder a información normalmente restringida, como fichas clínicas o registros hospitalarios» y que se estaba ultimando la creación de un banco público de ADN, similar al de Argentina.
«La búsqueda documental por sí sola es como buscar una aguja en un pajar», afirmó Reyes.
El cierre de la Ubafi, ordenado a inicios de julio en el marco de los millonarios recortes ejecutados por Kast, provocó una profunda indignación en las víctimas.
«Estamos en una especie de limbo. Estas adopciones son reconocidas por Naciones Unidas como un delito de lesa humanidad, sin embargo, nadie está buscando institucionalmente (a los menores sustraídos)», añadió la presidenta de HMS.
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Solo 1.000 reencuentros
Valentina Castillo, de 41 años, siempre supo que era adoptada, pero no sintió la necesidad de buscar su origen biológico hasta que fue madre.
Sus padres adoptivos no le daban información sobre su origen biológico, así que empezó a investigar por su cuenta, pero obtuvo muy pocos resultados: «Sé que me adoptaron en Temuco, pero hay información a la que no puedo acceder», aunque la Ubafi, subrayó, «sí hubiera podido llegar a esos documentos».
La desarticulación de la Ubafi coincidió con la publicación de un informe en Noruega que constata un total de 314 adopciones irregulares de menores chilenos entre 1985 y 2016, procedentes en su mayoría de la zona sur, socialmente vulnerables y con ascendencia indígena mapuche.
Del total de menores adoptados de forma irregular durante la dictadura, solo 1.000 se han reencontrado con sus familias, según el Poder Judicial, que en 2025 logró acreditar la existencia de una red dedicada al tráfico de niños durante el régimen y procesó a las primeras cinco personas por sustracción ilegal de menores.
Estados Unidos, Suecia, Noruega, Alemania, Francia, Italia, España o Países Bajos fueron los principales destinos de los menores, así como familias chilenas de alto poder adquisitivo.
El Gobierno sostiene que la búsqueda «continúa»
Desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, al que pertenecía la Ubafi, dijeron a EFE que el cierre de la unidad «se trató de un cambio administrativo y una reorganización del trabajo» que buscaba «hacer más eficientes los recursos públicos» y aseguraron que los trabajos de búsqueda «continúan».
Las víctimas, no obstante, desconfían y se han sumido en la desesperanza: «Ahora sentimos que volvemos a empezar», lamentó Flores.
Como decenas de personas que buscan a sus familiares sustraídos, Teresa Durán (73 años) se hizo una muestra de ADN que, sin embargo, no se ha traducido en avances concretos: el banco de huellas genéticas lo debía crear la extinta Ubafi a modo de política pública.
El 2 mayo de 1960, la madre de Durán ingresó al Hospital Barros Luco para dar a luz a su hijo, pero jamás se lo entregaron ni tampoco le dieron un documento que acreditara el supuesto fallecimiento del bebé.
Seis décadas y consciente de que el tiempo apremia, Teresa ansía encontrar a su hermano y recuerda que su pérdida fue «el gran dolor» de su madre.
«Me encantaría saber dónde está. No quiero partir sin saber qué fue de él», declaró a EFE.
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