Contraloría insiste en irregularidades administrativas por ingresos de niños haitianos e instruye sumarios
Tras la fiscalización motivada por denuncias sobre el arribo de menores de edad procedentes de Haití, la Contraloría General de la República (CGR) emitió este lunes su Informe Final 541-2025, el cual revela las severas falencias del Programa de Reunificación Familiar.
De acuerdo con el documento oficializado por el organismo, las indagatorias confirmaron un «desorden mayor y bajo nivel de coordinación entre las instituciones a cargo», situación que impidió asegurar un control adecuado respecto al ingreso de niñas, niños y adolescentes (NNA) a través de vuelos chárter.
«La Contraloría identificó incumplimientos a la normativa en el otorgamiento de permisos de reunificación familiar. Entre ellos, certificados vencidos o no legalizados y la ausencia de documentos obligatorios, así como la emisión de un memorándum que, sin contar con atribuciones para ello, disminuyó los requisitos y condiciones aplicables al procedimiento y a los documentos que la ley y el reglamento fijan como indispensables para el ingreso al país», indicó el ente en un comunicado.
El texto también evidenció «irregularidades en el control de vuelos, particularmente chárter, donde se detectó la falta de presentación del listado de pasajeros exigido por la normativa por parte de una aerolínea, sin que se les haya aplicado oportunamente la sanción respectiva por el Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG)».
Junto con ello, se advirtió «la ausencia de verificación suficiente de los adultos responsables de los menores y otras inconsistencias en la información, lo que impide asegurar un control adecuado del ingreso al país».
El informe reparte responsabilidades de forma transversal entre tres piezas clave del engranaje de seguridad y asistencia del Estado, al constatar «una serie de incumplimientos relevantes en el SERMIG, la Policía de Investigaciones (PDI) y la Subsecretaría de la Niñez, asociados principalmente a debilidades de control interno, falta de coordinación institucional y deficiencias en la gestión de procesos migratorios».
Uno de los puntos más complejos del documento apunta a «una falta de coordinación interinstitucional entre dichos organismos en el resguardo de los niños, niñas y adolescentes, lo que implicó ausencia de protocolos comunes, deficiencias en el intercambio de información y respuestas tardías ante situaciones de riesgo, afectando el seguimiento efectivo de los menores para asegurar su protección».
En el detalle, Migraciones presenta «debilidades significativas en sus controles, tales como la falta de verificación de datos autorreportados por los solicitantes, la ausencia de protocolos para situaciones críticas —como el fallecimiento del vínculo familiar— y la aprobación de permisos sin contar oportunamente con antecedentes esenciales, como el Informe Policial. Asimismo, se detectaron deficiencias en la calidad de la información, incluyendo registros incompletos, duplicados o erróneos».
Por su parte, «la PDI no cuenta con manuales generales, formales y completos de control migratorio, contando solo con instructivos parciales. También se observaron errores en registros —como digitación incorrecta de pasaportes—, discrepancias en la información migratoria respecto del SERMIG y debilidades en la fiscalización de extranjeros en situación irregular, lo que le compete efectuar según la ley».
Finalmente, la CGR constató «una débil estructura de control interno y gestión, evidenciada en la falta de segregación de funciones, la ausencia de procedimientos formales en la asignación de solicitudes y carencias en la definición de roles en los sistemas informáticos institucionales».
Acciones derivadas
«Ante los hallazgos detectados, el organismo de control instruyó sumarios en el Servicio Nacional de Migraciones, la Policía de Investigaciones y en la Subsecretaría de la Niñez», detalló la institución pública, buscando «determinar eventuales responsabilidades funcionarias».
Además de ordenar los sumarios en los tres servicios del Estado, la Contraloría ordenó «implementar sistemas de seguimiento activo de los niños, niñas y adolescentes por parte de la Subsecretaría de la Niñez y las oficinas locales de la Niñez, para verificar que no se hayan vulnerado sus derechos».
En el plano financiero, el organismo fiscalizador anunció que «se realizará un examen de cuentas autónomo, por la falta de aplicación de sanciones pecuniarias a una aerolínea que ingresó al país sin cumplir la normativa».
Por último, la CGR instruyó «un procedimiento disciplinario por vulneración del deber de reserva del pre informe y tratamiento indebido de información sensible, incluyendo datos de los niños, niñas y adolescentes, junto con el envío de los antecedentes de dicha filtración al Ministerio Público».
Contralora Pérez: 86% de los menores haitianos ingresados a inicios de 2025 lo hizo por reunificación familiar
En paralelo a la publicación del informe, la contralora general de la República, Dorothy Pérez, compareció ante la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputadas y Diputados para exponer los datos duros que sustentan las conclusiones de descontrol e irregularidades en el Programa de Reunificación Familiar para menores procedentes de Haití.
La jefa del órgano fiscalizador explicó que «la Contraloría solo revisó el período que se nos denunció: se señaló que entre el período de enero de 2025 a abril de 2025 había habido un aumento muy significativo de ingresos de niños, niñas y adolescentes por proceso de reunificación familiar desde Haití hacia Chile».
«Hubo 3.235 personas que ingresaron a Chile bajo el modelo de residencia temporal, y el 86% de ellos —esto es 2.792— ingresó para la reunificación familiar. De esas, 1.476 ingresaron específicamente a través de vuelos no regulares, que se denominan en general chárter», detalló Pérez ante la comisión.
La sesión extraordinaria de la Comisión de Gobierno Interior no solo contó con la comparecencia de Pérez, sino que también convocó a otras autoridades clave del control fronterizo y la persecución penal.
En la instancia expusieron el exdirector del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer; el director general de la PDI, Eduardo Cerna, y el director de la Unidad Especializada en Anticorrupción de la Fiscalía, Eugenio Campos.
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