¿Cuánto afecta al legado de la familia Allende la fallida venta de su casa?
La fallida venta de la casa del expresidente Salvador Allende, ubicada en Providencia, llevó a la oposición a presentar un requerimiento en el Tribunal Constitucional en contra de la senadora socialista Isabel Allende, hija del otro mandatario, por firmar un contrato con el Estado pese a su cargo en el Congreso.
Además, el martes se conoció que el fiscal Patricio Cooper citó a Allende y a la ministra Maya Fernández, nieta del expresidente, a declarar como imputadas en la causa abierta en la justicia.
Hoy, en El Primer Café de Cooperativa, el diputado Jorge Brito (Frente Amplio) comentó que «es importantísimo señalar que es bueno que no se haya concretado la compra, que se estuvo muy cerca de cometer una grave irregularidad o ilegalidad».
Para Brito, «esto ensucia todo, ensucia incluso también el legado del Presidente Salvador Allende, ensucia las gestiones que han estado realizando tanto la ministra Maya Fernández, desde Ministerio de Defensa, como la senadora Allende con quien comparto la región, una senadora que tiene igual un buen trabajo territorial, sin embargo, es algo que todos hubiésemos deseado que nunca se hubiese llegado».
«Aquí uno no se pregunta, bueno, ¿dónde están los controles que evitan este tipo de asuntos? Lo bueno es que una vez más la prensa en Chile fue la que evitó que se cometiera esta grave ilegalidad y espero, sin duda, espero el dictamen del Tribunal Constitucional que va a ser una decisión que tomará este jueves», añadió.
Una opinión diferente expresó la secretaria general de la Democracia Cristiana (DC), Alejandra Krauss, quien sostuvo que este caso no debería enlodar a la senadora Allende ni a su sobrina, la ministra Maya Fernández, aunque reconoció que «se cometieron errores».
Krauss remarcó que «hay cosas demasiado esenciales que debemos abocarnos y resolver. Estos son gallitos de la política. No van a enturbiar el legado del presidente Salvador Allende. Tanto la senadora Isabel Allende como la ministra Maya Fernández han ejercido su cargo».
«Creo que los elementos objetivos del delito, fraude al fisco, no están considerados», sostuvo la exministra quien añadió que resulta improductivo activar «todo el aparato de la justicia que tiene costos, (...) por generar un hecho político cuando ya está resuelto: Salió una ministra, se están haciendo las investigaciones sumarias, hubo reconocimiento del Gobierno, existió, por todas partes, un acuerdo que se cometió un error inaceptable. (...) Yo de verdad creo que basta. Tenemos cosas demasiado importantes».
Desde el PPD, su presidente Jaime Quintana planteó que «se trata de una senadora, la senadora Isabel Allende, que más allá de la consideración que uno pueda tener del gobierno de Allende, la senadora Allende es una persona que goza de un respeto muy transversal en todas las comisiones, un aporte en los términos legislativos, es una gran colega».
«Entonces una persona que se eligió democráticamente, que vengan algunos por un requiso a tratar de dejarla fuera del Congreso, me parece que es demasiado fuerte. Por supuesto, lo que tenemos acá es una cosa muy ramplona, una chambonada, un error de proporciones del gobierno y de todos los que han involucrado, también de esta persona, de cómo se ha asumido y se ha asumido también por el Presidente, que oportunamente, a tiempo, cortó esta compraventa y al mismo tiempo se hicieron ver responsabilidades políticas».
Responsabilidad en el Gobierno
Luis Pardo (RN), director ejecutivo del Instituto Libertad, defendió la presentación del requerimiento en el Tribunal Constitucional porque, dijo, «efectivamente acá sí se vulneró normas que establecían además, en el caso de la senadora, el cese de funciones al firmar contratos con el Estado».
«Yo creo -agregó- que esto pasa también por la forma en que el Gobierno maneja una vez más mal la crisis, porque el Gobierno quiere cerrar el capítulo con la renuncia de la ministra de Bienes Nacionales, pero resulta que hay al menos ocho funcionarios experimentados, tanto en Bienes Nacionales como en otros ministerios que visaron esta operación».
Por eso, afirmó, «aquí queda la legítima duda de por qué esos funcionarios, ante algo tan obvio, pusieron su firma. Y una de las explicaciones es porque había una orden superior. Aquí la única explicación para que gente experimentada le haya puesto la mosca a una cosa tan burda es que le dijeron, 'esto es orden del Presidente o viene de arriba, hágase' y se hizo».
«Entonces, si no se aplica la responsabilidad respecto de esos funcionarios que tenían la obligación de haber advertido y no lo hicieron, bueno, se mantiene abierto un caso que se podría haber cerrado hace rato», puntualizó.
