Adopción ilegal en dictadura: Mujer conoció a su familia 40 años después
Pasaron toda su vida separados por una adopción ilegal, no comparten apellido y sus historias de vida no tienen nada en común, pero los hermanos Claudia Díaz, Nataly Quick y Juan Muñoz acaban de reencontrarse en Chile tras 40 años de búsqueda.
Nataly llegó al país para conocer por primera vez a su familia biológica de la mano de la organización Connecting Roots, dedicada a reunir a ciudadanos estadounidenses con sus raíces en el sur del continente. Tras pasar una semana juntos, los vacíos de su biografía poco a poco se han ido llenando: «Es la primera vez que piso este país, pero me siento en casa, conectando con quién soy», dice a EFE.
Esta primer viaje le dejó un recuerdo inolvidable: por primera vez vio la cara de su madre, fallecida hace 22 años, en una fotografía que Claudia logró rescatar entre reliquias familiares.
Nacida en Santiago en 1985, en plena dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), siempre supo por su familia de acogida que era adoptada. Le contaron que su madre estaba «enferma», que «tuvo que entregarla» y que tenía hermanos. Claudia y Juan, de 53 y 48 años, también crecieron separados: ella con la abuela paterna, él en un centro de menores.
Unos 20.000 niños chilenos fueron adoptados de forma irregular por extranjeros entre 1970 y 1990, según el Poder Judicial. De éstos, sólo 1.000 se han reencontrado con sus familias.
«Toda mi vida me sentí perdida, fuera de lugar y sin las respuestas más básicas de mi misma», lamenta Nataly.
«Hicieron que otros se llevaran a un bebé»
La mayoría de las madres víctimas de adopciones ilegales comparten el mismo perfil: jóvenes o menores de edad, solas y en condiciones de vulnerabilidad.
En el preacuerdo de tutela, la progenitora de los tres hermanos aparece como «madre soltera, sin un hogar estable ni medios para criar a otros dos hijos» y que «no puede trabajar» debido a un cáncer.
«Con el objetivo de evitar a sus hijos el mundo de la miseria total, ha tomado la libre y firme decisión de dar a su hija recién nacida a una familia adoptiva», añade el documento, firmado en 1985.
Aunque hay registro de estas irregularidades a partir de los años 60, fue durante la dictadura cuando más casos se registraron, en una práctica que se consolidó gracias a la participación de médicos, matronas, jueces, notarios, autoridades migratorias y religiosos.
«Nadie tenía derecho a decir o hacer creer a mi madre que Nataly iba a estar mejor en otro lado que con ella», lamenta Claudia. «En vez de ayudarla, hicieron que otras personas se llevaran a una guagua ajena».
Según el Informe Anual 2023 del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), la salida de los menores al extranjero fue por dos vías: la entrega de la tutela del pequeño a un tercero para que pudiera viajar y ser adoptado bajo las leyes de otro país; o por inscripción en el Registro Civil de un falso certificado de defunción del bebé, para luego ser inscrito por los padres adoptivos como propio.
«El momento que estaba esperando»
Claudia solo supo de la existencia de Nataly ya de mayor, cuando Juan le reveló que tenían una hermana pequeña «adoptada en Estados Unidos y que sigue allá».
«Escuché el nombre de Nataly y nunca más se me borró de la cabeza», dice Claudia. Tanto ella como Juan siempre pensaron que no la volverían a ver.
En 2024, un amigo de Nataly que conocía su pasado le habló de una entrevista al presidente de Connecting Roots, Tyler Graf. «Era el momento que estaba esperando», afirma.
Así empezó una búsqueda con fotos, datos y pruebas de ADN. «Cuando me dijeron que mi hermana me estaba buscando, pensé que mi corazón iba a explotar», cuenta Claudia. Ambas siguieron los protocolos de la agrupación hasta que los resultados confirmaron las sospechas. «La noticia fue el mejor regalo, pero dentro de mí ya lo sabía», agrega.
«Recuperar el tiempo perdido»
El Estado chileno no reconoce como víctimas a los adoptados de forma ilegal entre las décadas de 1960 y de 1990, según el informe del INDH. Es más –añade– «se está lejos de establecer la verdad».
El gobierno lanzó en 2022 un plan para localizar a los afectados y esclarecer irregularidades y desde 2018 hay una investigación judicial abierta para indagar alrededor de 700 casos.
«La entrevista que escuché despertó el sentimiento de víctima en mí», relata Nataly. Recuerda que fue «un momento desgarrador» y que pensó «en las madres que pasaron por algo tan traumatizante».
Para Claudia este esperado reencuentro ha sido «reparador», mientras Juan lo vive «emocionado». Los tres abrazan una oportunidad para «recuperar el tiempo perdido».
