Senado comenzó a tramitar ley que modifica licencias médicas en el sector público para evitar fraudes
Este martes comenzó en el Senado la tramitación del proyecto de ley del Gobierno que busca modificar el régimen del Subsidio de Incapacidad Laboral (SIL), cuyo objetivo es evitar que se repita el escándalo de las licencias médicas en el sector público.
La iniciativa, que fue presentada en julio pasado y empezó a ser estudiada por la Comisión de Salud, ya estaba comprometida en el marco de la Ley de Presupuestos y busca introducir cambios en su aplicación al sector público y fortalecer las facultades de fiscalización de las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin).
El proyecto propone, como medida principal, modificar el periodo de carencia del subsidio. Actualmente, los trabajadores del sector privado que tienen licencias de hasta 10 días no reciben pago por los tres primeros días. Por el contrario, los funcionarios públicos no tienen recorte alguno, lo que, según el Ejecutivo, genera un alto número de licencias cortas en ese sector, a menudo coincidiendo con fines de semana.
La reforma busca homologar la situación de ambos sectores, estableciendo un periodo de carencia universal de dos días para todas las licencias médicas por accidente o enfermedad común, sin importar su duración.
La ministra de Salud, Ximena Aguilera, explicó que «con esto se elimina la regla actual que genera incentivos para otorgar licencias artificialmente más largas para evitar la carencia y mantiene el desincentivo al ausentismo repetido por períodos breves, que es propio de todas las carencias y se le aplica también al sector público».
Además, el proyecto propone fortalecer la fiscalización, permitiendo que organismos estatales como la Policía de Investigaciones (PDI) y el Servicio de Impuestos Internos (SII) colaboren con las comisiones médicas. De esta forma, se podría cruzar información sobre las salidas del país de los funcionarios o la emisión de boletas de honorarios mientras se está con licencia, lo que hoy no está debidamente normado.
El Gobierno estima que la reforma, de ser aprobada, podría significar un ahorro de 183.000 millones de pesos anuales para el Estado. La cifra se conseguiría, en gran parte, gracias a la aplicación de la carencia de dos días para todos los trabajadores y al aumento de la fiscalización.
Rechazo de la ANEF
La propuesta, sin embargo, ha encontrado una férrea resistencia en los trabajadores del sector público, representados por la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF). Su principal crítica se centra en la aplicación de un período de carencia, que consideran una medida regresiva que vulnera un «derecho adquirido».
El presidente del gremio, José Pérez, aseguró que el Gobierno «no puede retroceder en materia de seguridad social».
«Todo lo contrario, tienes que fortalecer la seguridad social y nos quedamos con un déficit de una conquista que también pasa a ser conquista en el plano sindical. Esto no surge por gravedad; es parte de un proceso de negociaciones para los sindicatos del sector público o para las propias negociaciones del sector privado y público. Entonces, por lo tanto, tiene un componente también de historia sindical», señaló el líder de la Agrupación.
La ANEF anunció posibles movilizaciones si el proyecto avanza sin modificaciones, aunque el próximo lunes sostendrán una reunión con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, para abordar el tema.
Investigación de licencias en el Congreso
En paralelo, la investigación interna sobre el uso de licencias médicas por parte de parlamentarios vive horas clave en el Congreso Nacional. Se trata de una indagatoria de la Cámara Baja que surgió a raíz del escándalo que involucró a 25.000 funcionarios públicos que salieron del país mientras estaban con licencia.
Los comités parlamentarios de la Corporación iniciaron una recopilación de antecedentes para verificar si diputados, y sus asesores, se encontraban en una situación similar.
El secretario general de la Cámara, Miguel Landeros, confirmó a Cooperativa que dicho informe ya está concluido y será entregado a la mesa directiva en los próximos días.
«Es una investigación que está terminada, está concluido el informe, se lo voy a entregar a la mesa a más tardar mañana para que se dé a la luz pública esta semana o la próxima semana», dijo.
«Es un informe bastante explicativo de la situación de las licencias médicas, de la situación de las salidas del país. Hay debilidades del sistema producto de la naturaleza del cargo parlamentario, que es autoridad y no tiene el carácter de funcionario público», agregó.
Sin embargo, fuentes conocedoras del proceso anticipan que no habrá una «lista negra» de diputados que hayan incumplido la normativa, dado que el régimen del SIL no es aplicable a su condición y, por lo tanto, no requieren de una licencia para ausentarse o salir del país.
La misma postura fue adoptada en el Senado, donde desde un principio se optó por no investigar a los senadores, limitando la indagatoria a los funcionarios, por el mismo motivo de que el régimen de licencias médicas no aplica para la autoridad electa.