Reajuste público y las polémicas «normas de amarre» encienden el inicio del año en el Congreso
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El inicio del 2026 trae consigo la reactivación legislativa en el Congreso, donde uno de los primeros y más polémicos puntos en la agenda es el proyecto de reajuste del sector público. Según se informó, este proyecto, que contempla un acuerdo del 3,4%Reajuste público y las polémicas «normas de amarre» encienden el inicio del año en el Congreso
El inicio del 2026 trae consigo la reactivación legislativa en el Congreso, donde uno de los primeros y más polémicos puntos en la agenda es el proyecto de reajuste del sector público. Según se informó, este proyecto, que contempla un acuerdo del 3,4% de reajuste, debe ser ingresado por el Gobierno este lunes o martes, fechas considerada muy tardía por los empleados fiscales, considerando que el reajuste debe comenzar a regir desde este mismo enero. Sin embargo, el foco de la controversia no radica únicamente en el porcentaje del aumento, sino en lo que se ha denominado «normas de amarre». Estas disposiciones, que han generado un debate previo considerable, han sido rechazadas por los trabajadores. «Lo más importante para nosotros es la estabilidad laboral, y esto viene con la confianza legítima que tenía el contralor Bermúdez. Lo que se pide es que, por lo menos los funcionarios y funcionarias que tengan dos años de renovación de contrata, sus despidos no sean arbitrarios, solamente que les digan por qué los van a despedir», afirmó Laura San Martín, coordinadora de la mesa del sector público. La mesa del sector público rechaza las interpretaciones sobre las «normas de amarre», exigiendo justificaciones para despidos de funcionarios con más de dos años. (FOTO: ATON) La también dirigenta de la CUT desmintió la percepción generalizada sobre la intención de estas normas, aclarando que «no estamos pidiendo amarres como se ha dispuesto por toda la prensa y por todo el sector político». «Los cargos de confianza se van con quien los trajo, ya sea ministros, seremis, subsecretarios, y esos cargos de confianza son abogados, periodistas y todos los asesores que se trajo», puntualizó San Martín. Los cuestionamientos de la derecha Desde la vereda de la oposición, la postura es firme. El diputado Felipe Donoso (UDI) advirtió que el proyecto incluye «una serie de normas que son de amarre a los funcionarios públicos del Frente Amplio, lo que no vamos a aceptar. Tampoco podemos aceptar que el reajuste sea en base a la deuda del Estado». En la misma línea, su par de Republicanos Agustín Romero si bien se mostró abierto a «aprobar leyes responsables», rechazó «una ley de amarre que intente dejar compromisos sin financiamiento para el próximo gobierno». El Partido Republicano y la UDI critican al gobierno saliente por intentar imponer «normas de amarre» a última hora, previendo un conflicto mayor si no se logra un acuerdo responsable. (FOTO: ATON) Asimismo, acusó que «si alguien genera conflictividad no es de la oposición, es este gobierno saliente al querer imponer normas a última hora. Rechazar malas ideas hoy es precisamente la forma de evitar un conflicto mayor mañana». La derecha advirtió que no aprobará ni el 3,4% de reajuste si es que no se demuestra que está debidamente financiado, ni menos lo que ellos consideran son estas normas que consideran de «amarre» para trabajadores afines al actual Ejecutivo. Se espera que el proyecto sea ingresado a la Cámara hoy, y su contenido sea liberado en la sesión de la tarde. Eutanasia: Senado discutirá proyecto clave tras más de una década de espera Otro tema trascendencia ética y social se alista para su discusión en la Sala del Senado es el proyecto de Ley de Eutanasia. Según informó se informó, este proyecto, ya aprobado en la Cámara Baja, estará en segundo lugar en la tabla de mañana martes. La importancia de esta iniciativa fue destacada por el senador socialista Juan Luis Castro, quien afirmó que «Chile ha esperado más de 10 años para tener una legislación que es una alternativa, una opción, no es una imposición». La iniciativa busca otorgar a individuos desahuciados el derecho a decidir sobre sus últimos días, evitando que esta responsabilidad recaiga exclusivamente en médicos, hospitales o el Estado. El legislador enfatizó la necesidad de esta ley «para que aquellas personas, como ha sucedido tantas veces en la familia, que está con una enfermedad irrecuperable -que está desahuciada- (...) ¿Cómo no va a tener derecho acaso a decidir cómo van a ser esos últimos días? ¿o le vamos a seguir entregando a los médicos, a los hospitales o al Estado esa responsabilidad?». «Chile está en condiciones de resolver y tener muerte digna frente a esta dramática situación», cerró Castro. Read more














