ProCultura: Defensa de Alberto Larraín cuestiona tipificación de los delitos
Este martes, inició la cuarta jornada de formalización en contra de los cinco imputados del denominado caso ProCultura, causa relacionada con el traspaso de más de 1.600 millones de pesos desde el Gobierno Regional Metropolitano a la ONG del mismo nombre.
La instancia en el Séptimo Juzgado de Garantía inició con los alegatos de las defensas, donde la Fiscalía pide la prisión preventiva para cuatro imputados, entre ellos Alberto Larraín, psiquiatra y exdirector ejecutivo de ProCultura, y otros altos mandos de la fundación y del GORE Metropolitano.
La primera defensa en hacer uso de la palabra fue la de Larraín, que busca desacreditar los delitos que se le imputan, acusando que son difusos, entre otras, porque sigue abierto el debate sobre si su representado era o no funcionario público.
Desde el Ministerio Público, apuntan a que sí lo era, porque fue directivo de la Corporación Regional de Turismo y Desarrollo, pero la defensa argumenta que se trata de una entidad de derecho privado.
El querellante Paulo Tolosa, abogado de la UDI, señaló que «Alberto Larraín tiene la calidad de funcionario público. Así se ha señalado. Ahora, si uno ve administrativamente, quizás no, pero en materia penal y tal como lo han ratificado los convenios internacionales, tanto de las Naciones Unidas como de la Organización de Estados Americanos, la calidad de funcionario público se tiene desde el momento que tú prestas servicios, ya sea en forma permanente o parcial, ya sea que tú recibas honorarios o sea ad honorem.»
«No es la misma calificación que se tiene para efectos de materia del derecho administrativo», reparó.
Por otro lado, la defensa de María Constanza Gómez, exrepresentante legal de ProCultura, apuntan que su representada no habría estado en conocimiento de las gestiones particulares, en específico, sobre este convenio.
La audiencia continuará esta jornada y se estima que podría extenderse hasta el jueves.