Secreto bancario: El debate político entre la eficacia contra el crimen y las libertades individuales
La batalla legislativa por el levantamiento del secreto bancario entra en una fase decisiva con la conformación de una Comisión Mixta encargada de destrabar la disputa entre el oficialismo y la oposición sobre las atribuciones de la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
Mientras partidos opositores impulsan un mecanismo de levantamiento administrativo para agilizar el rastreo de la «ruta del dinero» en delitos de alta complejidad, las bancadas oficialistas mantienen un bloque de rechazo, exigiendo que cualquier acceso a la reserva bancaria cuente obligatoriamente con una autorización judicial previa.
Este choque de posturas ocurre en un contexto de alta presión social, donde el 83% de la ciudadanía respalda la medida, según la encuesta Cadem, aunque un 56% -según Criteria- aún prefiere que exista el filtro de un tribunal para resguardar la privacidad.
La postura de la derecha
Desde la derecha, el diputado republicano Agustín Romero señaló que está «disponibles para discutir mecanismos que permitan perseguir de mejor manera al crimen organizado, al narcotráfico y al lavado de activos».
De todas maneras, afirmó que la «posición como republicanos ha sido clara desde el primer día: cualquier levantamiento del secreto bancario debe contar con una autorización judicial».
En la misma línea, su par UDI Flor Weisse dijo que esperan «construir un acuerdo equilibrado que entregue herramientas efectivas para perseguir el delito, pero que también resguarde los derechos y libertades de las personas».
«No vamos a respaldar un levantamiento administrativo o automático», enfatizó la parlamentaria.
Críticas de la oposición
Por otro lado, desde la oposición, la senadora Paulina Vodanovic (PS) criticó la postura oficialista, calificándola de desconectada de la urgencia social y de las cifras de las encuestas, como Cadem, que muestran un amplio apoyo a la medida.
La timonel socialista señaló que la propuesta «mantiene el secreto bancario como regla general y lo permite levantar administrativamente solamente en tres casos», acusando a la derecha de oponerse a un «instrumento fundamental para combatir el crimen organizado».
Expertos advierten sobre la disputa de los circuitos financieros
En paralelo a este debate, el panorama del crimen organizado en Chile dio un giro hacia la sofisticación financiera.
Tras el asesinato del «Niño Guerrero», Héctor Guerrero Flores, la atención de las autoridades se ha centrado en cómo el Tren de Aragua logra mover y legalizar sus activos en el territorio nacional.
La denominada «Operación Tokio» ha sido clave para entender este fenómeno, revelando que la violencia territorial es ahora complementada por una silenciosa batalla en el sistema bancario.
Frente a este escenario, el investigador en crimen organizado Pablo Zeballos enfatizó que el foco del combate no debe estar solo en la tecnología, sino en la integración de la inteligencia.
«Muchas veces el punto débil sigue estando antes o después en la cuenta bancaria, en la empresa de papel, en el ejecutivo corrupto. Por eso el problema no es de tecnología, sino la falta de inteligencia integrada respecto a cómo se usa la tecnología para beneficios criminales», explicó el experto.
En esta línea, indicó que «la 'Operación Tokio' confirma que el crimen organizado ya no disputa solamente territorio, no es solamente violencia; está actualmente disputando los circuitos financieros y bancarios de un país».
Ante esto, advirtió que «si el Estado no sigue el dinero con la misma velocidad con que el crimen lo mueve, va a llegar siempre tarde. O sea, vamos a llegar siempre a saber cómo se lavaron 75 millones de dólares y no cómo se pudo evitar ese lavado».
