Milei logró aprobar reforma laboral que limita indemnizaciones y derecho a huelga
El Congreso de Argentina aprobó este viernes la reforma laboral propuesta por el Gobierno de Javier Milei, que implica drásticos cambios en las condiciones de trabajo y acaba con décadas de conquistas de la lucha sindical.
El Senado argentino aprobó el proyecto con 42 votos a favor, 28 en contra y dos abstenciones.
La ley, que modifica una normativa de 1976, reduce la base de cálculo de las indemnizaciones en detrimento de los trabajadores, plantea alternativas al pago de las horas extra, limita el derecho a huelga y la actividad sindical, entre otros cambios sustanciales a las condiciones de trabajo.
El 11 de febrero esta reforma había pasado del Senado a la Cámara de Diputados, donde se aprobó con modificaciones, motivo por el que regresó a la Cámara Alta para su ratificación final, este viernes.
El debate contó con apenas una veintena de oradores, y comenzó con la intervención del senador de La Libertad Avanza (LLA, oficialista) Juan Cruz Godoy, quien intentó despejar las dudas asegurando que «continúan los derechos establecidos por la Ley de Contrato de Trabajo».
Entre los puntos que destacó como positivos, mencionó que siguen existiendo las indemnizaciones, que se facilita el registro de los empleados de manera formal y que el sistema «se agiliza» y se vuelve «más económico».
Desde el peronismo fue cuestionada la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que permitirá a los empleadores realizar aportes mensuales destinados a cubrir eventuales desvinculaciones: el senador Jorge Capitanich dijo que se trata de un «incentivo a los despidos», y Mariano Recalde acusó una «estatización de la deuda privada» de los empleadores con los trabajadores.
A la hora de los cierres, el presidente del bloque Justicialista, José Mayans, consideró que la limitación del derecho a huelga que plantea la ley es «abiertamente inconstitucional», y que la ley es un «desastre legislativo».
Patricia Bullrich, exministra de Seguridad Nacional y jefa del bloque oficialista, cerró el debate argumentando que el régimen laboral vigente hace que «nadie contrate a nadie» y que, «en nombre de los trabajadores, se mandó a la informalidad a miles de trabajadores».
«Esta es la estafa moral que nosotros vamos a intentar corregir con esta ley», aseguró Bullrich.
El debate ocurrió con cientos de personas, dirigentes políticos de la oposición y sindicalistas manifestándose a las puertas del Congreso contra la ley. Una vez retirados los sindicatos, cuando comenzaron intentos de disturbios, la jornada finalizó con un saldo de 122 manifestantes heridos y cuatro detenidos, según el organismo de derechos humanos Comisión por la Memoria.
Los cambios que introduce la reforma laboral de Milei
A continuación se detallan los principales cambios que implementa la nueva normativa:
Indemnizaciones por despido
La nueva ley modifica la base de cálculo de las indemnizaciones por despido y excluye del cómputo el aguinaldo, las vacaciones, los premios y otros conceptos que no sean de pago mensual habitual, lo que reduce el monto final respecto del sistema vigente.
Las empresas podrían abonar las condenas judiciales en cuotas: hasta seis pagos las grandes empresas y doce las Pymes.
Se creará, además, el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que permitirá a los empleadores realizar aportes mensuales destinados a cubrir eventuales despidos.
Salarios y antigüedad
La nueva ley permite que los salarios puedan ser abonados en moneda extranjera de manera opcional.
El antiguo régimen contemplaba mantener la antigüedad de un trabajador que se reincorpore a un puesto de trabajo, pero la nueva normativa no computa los años trabajados en el pasado si han transcurrido dos años entre el cese de la actividad y la reanudación del vínculo.
Vacaciones y horas extras
Las vacaciones se podrán fraccionar a partir de ahora en períodos no inferiores a siete días y podrían ser rotativas. El trabajador tendrá al menos un período en temporada estival, en coincidencia con las vacaciones escolares, cada tres años.
Mientras la ley anterior establece el pago de las horas extra, la nueva normativa crea un «banco de horas», que permite que el tiempo extra trabajado se pueda acumular como un saldo a favor del trabajador y ser compensado con días libres o jornadas de trabajo reducidas.
Derecho a la huelga
La norma amplía el listado de sectores considerados esenciales: no se podrá prestar menos del 75 por ciento del servicio en caso de huelga.
A los ya previstos —salud, agua potable, energía eléctrica, gas y control del tráfico aéreo— se suman telecomunicaciones, aeronáutica, comercio, servicios portuarios, aduaneros y migratorios, y educación, con excepción de las universidades.
Las fuerzas de seguridad deberán garantizar el 100 por ciento de su prestación.
Se crea la categoría «servicios de importancia trascendental», que deberían asegurar al menos el 50 por ciento de su funcionamiento; entre ellos, transporte de pasajeros y cargas, industria farmacéutica, bancos, agro, minería, siderurgia, construcción, medios de comunicación, comercio electrónico y hotelería.
Representación sindical
Se modifica la Ley de Asociaciones Sindicales, al establecer que las asambleas de trabajadores y congresos de delegados no podrán afectar el normal funcionamiento de la empresa y deberán contar con autorización del empleador.
La norma tipifica como infracciones «muy graves» los bloqueos o tomas de establecimientos y las acciones que afecten la libertad de trabajo de quienes no adhieran a una medida de fuerza.
Habilita la posibilidad de otorgar personería gremial a sindicatos de empresa cuando superen en afiliados al sindicato preexistente durante al menos seis meses.
Convenios colectivos
La nueva ley elimina el principio de que un convenio colectivo sigue vigente tras su vencimiento hasta la firma de uno nuevo. Así, los convenios perderán vigencia al expirar el plazo, salvo en lo relativo a condiciones de trabajo.
Dispone que los convenios de ámbito menor, como los de empresa, prevalecerán sobre los de mayor alcance, es decir, los sectoriales.
La derogación de los estatutos y regímenes especiales entrará en vigor 180 días después de la sanción de la ley.
Congreso aprobó también la rebaja de edad de imputabilidad penal a 14 años
El Senado argentino también aprobó este viernes -con 44 votos a favor, 27 en contra y una abstención- un nuevo Régimen Penal Juvenil, que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.
La iniciativa se convirtió en ley tras haber recibido el visto bueno de la Cámara de Diputados el pasado 12 de febrero, con 149 votos a favor y 100 en contra.
«Matar no puede ser gratis, ni para un menor de 14 años ni para una persona mayor», argumentó la senadora Patricia Bullrich, impulsora del proyecto.
El objetivo de la ley es «fomentar en el adolescente imputado el sentido de la responsabilidad legal por sus actos y lograr su educación, resocialización e integración social», señalaba el texto.
La propuesta original promovida por el Gobierno argentino fijaba el inicio de la edad mínima de punibilidad en 13 años, pero la elevó a 14 ante las críticas de la oposición.
La norma dispone que las penas privativas de libertad no podrán superar los 15 años y se podrán cumplir en el domicilio, en un centro de menores o en una sección separada de un establecimiento penitenciario.
Cuando las condenas sean de hasta tres años, o de entre tres y 10 años y no correspondan a delitos graves, la prisión será sustituida por otras sanciones, como amonestaciones, prohibición de contacto con la víctima, inhabilitación para conducir vehículos, restricción de concurrir a determinados establecimientos recreativos o de salir del país, así como la prestación de servicios a la comunidad.
«Delito de adulto, pena de adulto»
A través de un comunicado, la oficina presidencial de Javier Milei celebró: «A partir de hoy, quien tiene la capacidad de comprender la gravedad de sus actos asume, sin excepciones, la responsabilidad de responder ante la ley. Delito de adulto, pena de adulto».
Según el Gobierno de Milei, con la sanción del nuevo Régimen Penal Juvenil, «Argentina cierra un capítulo de cuatro décadas de inacción legislativa y actualiza un marco normativo que permanecía desconectado de la realidad criminal del siglo XXI».
El comunicado añadió que el presidente Milei «destaca la labor de los legisladores que comprendieron que la seguridad de los argentinos y la protección de las victimas deben estar por encima de todo».
«Esta reforma salda una deuda histórica y devuelve a la Justicia las herramientas necesarias para terminar con la impunidad y el caos que reinó durante décadas», concluyó.
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— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) February 27, 2026
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