Caso ProCultura: Corte de Santiago revisa solicitud de desafuero de Claudio Orrego
Con la presencia de 24 ministros que componen el Pleno de la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, este martes por la mañana comenzó la vista de la solicitud de desafuero del gobernador regional metropolitano, Claudio Orrego (independiente), hecha por el Ministerio Público, en el marco de la investigación del denominado Caso ProCultura.
Esta instancia representa el último recurso de la Fiscalía Regional de Antofagasta para formalizar a la autoridad capitalina por su presunta responsabilidad en el delito de fraude al fisco.
Tras escuchar los argumentos de ambas partes, el tribunal de alzada se encuentra en proceso de deliberación. Foto: ATON
La acusación del Ministerio Público
La teoría del ente persecutor, liderada por el fiscal Cristián Aguilar, sostiene que Orrego fue una pieza clave en la asignación irregular de 1.600 millones de pesos a la fundación ProCultura, dirigida por el psiquiatra Alberto Larraín.
Según la investigación, los fondos destinados al programa de prevención del suicidio «Quédate» fueron asignados «a dedo», vulnerando los protocolos de transparencia y probidad administrativa que rigen para las reparticiones públicas.
Durante su intervención ante el tribunal de alzada, el fiscal Aguilar señaló que el gobernador incumplió gravemente los deberes de su cargo al no abstenerse de una decisión que involucraba a una persona cercana.
«Estima la Fiscalía que se han vulnerado distintos principios, atendido a que (Orrego) ha incumplido gravemente los deberes de su cargo y función, entre los cuales se encuentra el de probidad administrativa, de preeminencia del interés general en la función pública, de imparcialidad, de eficiencia, de eficacia, de transparencia y de abstención, atendido a que el señor gobernador mantenía un vínculo de amistad, un vínculo de cercanía política y, además, había mantenido nexos de corte laboral con el señor Larraín, y aquel mantenía el cargo de director ejecutivo de la fundación», expuso el persecutor.
Argumentos de la defensa
En la vereda opuesta, la defensa de la autoridad regional, encabezada por el abogado Ciro Colombara, argumentó que el programa «Quédate» fue una iniciativa legítima con un impacto social real y que ProCultura poseía la experiencia técnica necesaria para ejecutarlo.
Tras escuchar los argumentos de ambas partes, el tribunal se encuentra en proceso de deliberación.
Aunque existe la posibilidad de que la resolución se dé a conocer durante el transcurso de la tarde, los ministros podrían optar por dejar el fallo «en acuerdo». De ser así, la decisión final sobre si Orrego perderá su inmunidad para enfrentar un juicio penal será comunicada formalmente en los próximos días.
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