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El Tribunal Constitucional (TC) revisará este jueves la admisibilidad de los requerimientos de destitución que el Partido Republicano y el conglomerado Chile Vamos ingresaron contra la senadora socialista Isabel Allende. Los recursos objetaron que la hijaTC revisará este jueves admisibilidad de pedidos de destitución contra Isabel Allende
El Tribunal Constitucional (TC) revisará este jueves la admisibilidad de los requerimientos de destitución que el Partido Republicano y el conglomerado Chile Vamos ingresaron contra la senadora socialista Isabel Allende. Los recursos objetaron que la hija del fallecido presidente Salvador Allende (1970-1973) haya firmado con el Gobierno un contrato para que el Ministerio de Bienes Nacionales adquiriera la casa que pertenece a su familia -y de la que es copropietaria- en calle Guardia Vieja, comuna de Providencia; compraventa que fue frenada por La Moneda una vez desatada la polémica. También se espera que la ministra de Defensa y sobrina de la parlamentaria, Maya Fernández -también copropietaria de la vivienda-, declare este jueves ante la Fiscalía en calidad de imputada a raíz de la fallida transacción. Esto, luego que la Fundación Fuerza Ciudadana -que encabeza el militante del Partido Republicano, Raimundo Palamara- interpusiera ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago una querella en contra del Presidente Gabriel Boric y «todos quienes resulten responsables» por el delito de fraude del Fisco. La acción legal cuestiona el uso de fondos públicos para la compra del inmueble, visado con la firma del Mandatario. La senadora Allende abordó la situación ayer en el Congreso, donde dijo que se actuó «de buena fe» y que esto «no mancha el legado» de su padre. Hoy, desde el Ejecutivo, la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), confirmó que la disposición de La Moneda es a colaborar: «Cada vez que la Fiscalía ha necesitado antecedentes sobre cualquier investigación que esté en manos del Gobierno así se ha hecho», aseveró. «Se ha colaborado con las investigaciones y siempre también se ha tenido el cuidado de manejar de la manera más prudente antecedentes que puedan afectar a terceras personas o que dicen relación con materia sensible. Como Gobierno en esto tenemos ya una trayectoria y vamos a ser coherentes con ella en este caso», garantizó la jefa de gabinete. Querellante: «Esperemos que declaren con la verdad» Con la querella, Fuerza Ciudadana pide dilucidar dónde se falló en los filtros de la legalidad de la compraventa y si se ignoró o no algún reparo legal que se haya comunicado en el camino. El querellante afirmó también que espera que las autoridades que van a entregar su declaración no hagan uso de su derecho a guardar silencio. «Lo que está haciendo Patricio Cooper (el fiscal a cargo de la investigación) me parece acertado y, en virtud de ello, espero que tanto Maya Fernández como Isabel Allende ejerzan el derecho a declarar, porque, si bien van a declarar en calidad de imputadas, por ende también podrían guardar silencio. Es un derecho constitucional que otorga el Código Procesal Penal. Esperemos que declaren y que declaren con la verdad», dijo el abogado Palamara. En otra acción legal auspiciada por el mismo legista, Fuerza Ciudadana presentó otra querella contra el Presidente, también por el delito de fraude del Fisco, por la contratación, mediante trato directo y con fondos públicos, del abogado Jonathan Valenzuela, quien recibirá 13 millones de pesos por defender al Mandatario ante la primera querella. El denunciante pide que se realicen diligencias contra Boric y Valenzuela. Read more