Defensa de senadora Allende pide que declaren diputados de oposición por fallida venta de casa
La defensa de la senadora Isabel Allende (PS), encabezada por el abogado Gabriel Osorio, solicitó que 20 diputados de oposición declaren ante el Tribunal Constitucional en el proceso que iniciaron el Partido Republicano y Chile Vamos con el que buscan la destitución de la parlamentaria por la fallida venta al Estado de la casa de su padre, el expresidente Salvador Allende.
Durante los últimos días de 2024 el Gobierno anunció, a través del Ministerio de Bienes Nacionales, que serían adquiridas las casas de los expresidentes Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende para convertirlas en museos. Sin embargo, en el caso del domicilio que ocupó el Mandatario derrocado en 1973 se debió anular la transacción debido a que la propiedad de la vivienda era compartida, entre otras personas, por la senadora Allende y la ministra de Defensa, Maya Fernández, nieta del exjefe de Estado, lo que las inhabilita para celebrar este tipo de contratos.
Conocido esto, tanto el Partido Republicano como las colectividades de Chile Vamos presentaron alte el Tribunal Constitucional un requerimiento para sacar de su cargo a la senadora socialista, lo que fue respondido en las últimas horas por su defensa en un documento de 47 páginas, según informó La Tercera.
En el texto, Osorio insiste en que la venta no se produjo por lo que no existe motivo para la destitución. Expone que en derecho público la compra de bienes inmuebles por parte del Estado se hace mediante «un procedimiento administrativo reglado, que no concluye con la dictación ni del Decreto Supremo Autorizatorio ni con la suscripción del contrato de compraventa», ya que solo «concluye con el acto administrativo terminal, llamado Decreto Aprobatorio». Ese acto administrativo nunca ocurrió, ya que solo se firmó una escritura pública en la notaría.
El segundo argumento es que la norma, cuya redacción proviene de la Constitución de 1925, requiere una «interpretación restringida», ya que tanto la Cámara como el Senado históricamente han aprobado excepciones para que sus parlamentarios puedan contratar con el Estado.
El tercer argumento apunta a que «no todo contrato con el Estado produce el efecto de causar la inhabilitación y hacer cesar a un parlamentario en ejercicio». El informe señala que, tal como lo dijo en su momento el constitucionalista Alejandro Silva Bascuñán, solo debe cesar en el cargo el parlamentario cuyo contrato con el Estado «le signifique un beneficio pecuniario especial, propio del contrato». Y que no procede la destitución cuando en ese contrato con el Estado el parlamentario «ejerce los derechos de que como persona privada es titular, de modo como podría hacerlo cualquiera otra persona del país».
Además, la defensa pide una serie de diligencias, entre ellas que el TC cite a declarar a 20 parlamentarios de oposición que firmaron los requerimientos en contra de Allende: siete del Partido Republicano (Agustín Romero, José Carlos Meza, Luis Sánchez, Chiara Barchiesi, Juan Irrarázaval, Cristián Araya y Benjamín Moreno), cuatro de la UDI (Gustavo Benavente, Daniel Lilayú, Sergio Bobadilla y Flor Weisse), dos de Renovación Nacional (Hugo Rey y Camila Flores) y siete independientes (Stephan Schubert, Harry Jürgensen, Renzo Trisotti, Catalina del Real, Sofía Cid, Christian Matheson y Paula Labra.
El objetivo de la defensa es interrogarlos respecto a la tramitación de la Ley de Presupuestos del año 2024 que ellos mismos aprobaron y en la que se «contempló expresamente recursos para la adquisición de las casas presidenciales».