Supuestos riesgos de la inversión de China en Chile: algunas observaciones críticas
Por Felipe Enero Segovia, profesor de la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM) y Phd© Southeast University of China
En las últimas semanas, ha resurgido en la arena nacional un legítimo e interesante debate respecto a la regulación de la inversión extranjera. Bajo el argumento de proteger la soberanía, incentivar inversiones sostenibles o asegurar el control estratégico de activos nacionales, se impulsa una narrativa que podría tener consecuencias profundamente negativas para una economía como la chilena, que se encuentra lejos de estar en una posición de fortaleza para prescindir de capital extranjero.
Primero, a pesar de su situación como país estable y excepcional respecto a la actual situación regional (quizás solo comparable con Uruguay y Costa Rica), la realidad macroeconómica chilena muestra una cara un poco más complicada.
La economía sigue anclada en un modelo basado en la exportación de commodities, con tímidos avances en diversificación y modernización productiva. El crecimiento ha sido mediocre en los últimos años, sin señales claras de un despegue sostenible. A esto se suma un salario real estancado desde hace más de una década, cifras de empleo informal y desempleo que se encuentra entre las más altas de la OCDE, una deuda fiscal y privada en aumento, entre otras variables. Bajo este escenario, cerrar la puerta a nuevas fuentes de inversión extranjera directa (IED) es, cuando menos, poco sensato.
Segundo, resulta especialmente contradictorio que se pretenda implementar mecanismos de screening o evaluación ex ante de inversiones, similares a los que aplican potencias como Estados Unidos, la Unión Europea, Nueva Zelanda y Australia. Estas economías, además de tener mercados mucho más grandes y diversificados, cuentan con capacidades institucionales y alternativas de financiamiento interno que Chile simplemente no tiene.
Además, países supuestamente similares como Australia y Nueva Zelanda posee ingresos per-cápita que prácticamente duplican al de nuestro país. Ni mencionar indicadores de desarrollo humano y desigualdad. Pretender replicar esas medidas en un país en vías de desarrollo, con urgencias fiscales y desafíos estructurales en productividad, es caer en el espejismo de las grandes ligas sin tener la musculatura para competir en ellas.
Tercero, conviene poner en contexto la supuesta «avalancha» de inversión china. Según cifras oficiales de InvestChile y el Banco Central, los principales inversionistas extranjeros en Chile continúan siendo Estados Unidos, Canadá, España y el Reino Unido.
China, a pesar del ruido mediático que suele generar, aún no figura entre los mayores inversores, aunque sí ha logrado desarrollar proyectos altamente relevantes, con positivos impactos sociales y medioambientales, en sectores como la energía, electro-movilidad y la infraestructura pública. Este interés debería verse como una oportunidad, no como una amenaza, especialmente si se implementan eficazmente los mecanismos de supervisión sectorial que ya existen en la legislación vigente.
Cuarto, supuestamente la inversión China posee negativos impactos sociales y ambientales. No obstante, lo que demuestra la experiencia teórica y empírica (véase autores como John Dunning, Nathan Jensen, Theodore Moran entre otros), es que la inversión extranjera directa adecua sus estándares conforme a lo solidez institucional del país receptor. Cabe señalar que algunos de los principales conflictos sociales con empresas multinacionales en Chile, más bien guardan relación con empresas de alto prestigio, como Walmart (prácticas antisindicales) y ENEL (incumplimiento de contratos de mantención y abastecimiento eléctrico).
Quinto, no es que falten filtros a la inversión extranjera. De hecho, Chile ya presenta una serie de trabas burocráticas que ralentizan el ingreso de capitales productivos. Se requieren más de 150 permisos sectoriales para concretar grandes proyectos. En industrias como la minería (12% del PIB, 56% de la canasta exportadora e industria vital en el norte del país) los tiempos de tramitación pueden extenderse por hasta ocho años.
Sexto, otro elemento a considerar es la tendencia positiva que Chile ha venido mostrando en los últimos años en cuanto a atracción de inversión. A pesar de los vaivenes políticos y económicos, el país sigue siendo visto como una plataforma confiable para hacer negocios en América Latina. Introducir incertidumbre regulatoria o copy paste de estándares fabricados por las potencias económicas tradicionales, podría revertir la percepción de apertura de la economía chilena, con costos que no solo afectarían a China, sino también a otros potenciales. Especialmente, los casos de India, Arabia Saudí, Emiratos Árabes y economías miembros de la ASEAN.
En síntesis, la discusión sobre la inversión extranjera requiere seriedad, información y un enfoque estratégico. Es legítimo preocuparse por sectores sensibles o por la influencia geopolítica de grandes potencias en la era de Donald Trump, pero esas preocupaciones deben abordarse con herramientas proporcionales, no con medidas reactivas o inspiradas en agendas ajenas a la realidad chilena.
Más que sumar nuevas barreras, el desafío es agilizar y modernizar los procesos existentes, y fortalecer los mecanismos de seguimiento y fiscalización ex post, en función de fortalecer estándares laborales, comunitarios y ambientales ni derechos sociales.
Por último, cabe resaltar que el desarrollo económico internacional al largo plazo, está siendo pensado por organismos internacionales, potencias emergentes y tradicionales como la UE, mucho más allá de los acotados 4 años de la nueva administración Trump. En un momento en que el país necesita crecer, innovar y diversificarse, cerrar las puertas a actores clave sería un error histórico.
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