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En el marco de la conmemoración de los 52 años del golpe de Estado, el comité de senadores del Partido Socialista anunció este miércoles la presentación de una reforma constitucional para impedir que los indultos presidenciales beneficien a condenados pSenadores PS impulsan reforma para prohibir indultos a violadores de DD.HH.
En el marco de la conmemoración de los 52 años del golpe de Estado, el comité de senadores del Partido Socialista anunció este miércoles la presentación de una reforma constitucional para impedir que los indultos presidenciales beneficien a condenados por crímenes de lesa humanidad, narcotráfico, pedofilia y delitos graves de alta connotación. La iniciativa surge en respuesta a la posibilidad, planteada por el candidato presidencial republicano José Antonio Kast, de otorgar indultos humanitarios a internos de Punta Peuco, incluido Miguel Krasnoff (condenado a más de mil años de cárcel por crímenes contra los derechos humanos), en caso de llegar a La Moneda. Los senadores Juan Luis Castro y Fidel Espinosa defendieron la propuesta, que han denominado «No a la ley Krasnoff», y acusaron a la derecha de impulsar un proyecto paralelo que busca liberar o enviar a sus domicilios a reos mayores de 70 años, enfermos terminales o discapacitados, sin distinguir la naturaleza de los delitos. Esa iniciativa ya fue aprobada en la Comisión de Derechos Humanos del Senado, con votos de parlamentarios como Rojo Edwards, quien justificó su apoyo apelando a «la dignidad de personas privadas de libertad en condiciones críticas». El debate ha dividido también a familiares de víctimas y de militares condenados. Carol Urzúa Chegia, hijo del exintendente metropolitano asesinado en 1983, llamó a «una justicia sin venganza», mientras que Juan Carlos Chávez -hijo de un detenido desaparecido en la Operación Colombo- y Alejandra Parra -hija de un ejecutado político en 1973- rechazaron cualquier beneficio para los criminales de Punta Peuco: «Deben morir en prisión», afirmaron. Desde el Ejecutivo, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, advirtió que cualquier iniciativa que apunte a liberar violadores de derechos humanos deberá cumplir con lo establecido en el Estatuto de Roma, que exige arrepentimiento y colaboración efectiva con la justicia. Recalcó, además, que lejos de liberar a estos condenados, el gobierno avanza en el compromiso del Presidente Gabriel Boric de transformar Punta Peuco en un penal común y aumentar su capacidad en 32 plazas. Read more