Tribunal Constitucional de Perú ordenó archivar juicio contra Keiko Fujimori
El Tribunal Constitucional (TC) de Perú ordenó dejar «sin efecto» la acusación fiscal contra la líder política Keiko Fujimori y contra su partido, Fuerza Popular, tras determinar que el proceso por la presunta financiación irregular de sus campañas electorales de 2011 y 2016 «carece de sustento jurídico».
La decisión del TC declaró «fundada» una demanda presentada por la defensa de la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), y ordenó que se archive este proceso, conocido como el «caso cócteles».
La abogada de Fujimori, Giulliana Loza, había pedido anular las resoluciones judiciales vinculadas con el proceso por los delitos de lavado de activos, organización criminal, falsa declaración y falsedad genérica, así como «todos los actos precedentes» seguidos desde el inicio de las investigaciones preliminares, en 2017.
Loza argumentó que antes de noviembre de 2016 no se consideraba que recibir dinero para financiar una campaña política podía implicar un delito de lavado de activos, y que la Fiscalía incorporó nuevos elementos al caso en octubre de 2018 «sin respetar el derecho a la defensa».
Los argumentos del TC
En ese sentido, la decisión del TC, que fue tomada con el voto de cinco de los siete integrantes del tribunal el 2 de octubre, declaró «fundada» su demanda.
Por ese motivo, ordenó al Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia que resuelva «dentro del más breve término y teniendo en cuenta las consideraciones señaladas en la presente sentencia, la situación jurídica de doña Keiko Sofía Fujimori Higuchi».
«No se está declarando la inocencia o culpabilidad de la beneficiaria, sino constatando la inviabilidad de proseguir con una imputación carente de sustento jurídico y claramente opuesta a lo establecido en la Constitución», aclaró la resolución.
Sin embargo, en un voto singular, la presidenta del TC, Luz Pacheco, consideró que la petición de Loza debía ser declarada «improcedente», ya que el juez constitucional no tiene entre sus funciones determinar si la conducta del imputado «calza o no con un determinado tipo penal o clasificar el propio tipo penal».
El «caso cócteles»
El llamado «caso cócteles» se abrió contra Fujimori y otros dirigentes del partido Fuerza Popular por el presunto financiamiento irregular de sus campañas electorales de 2011 y 2016 con dinero de empresas privadas, que la agrupación política explicó como procedente de una serie de «cócteles» en los que participaron simpatizantes.
Entre los supuestos aportantes irregulares a las campañas de Fujimori estuvieron la empresa brasileña Odebrecht y varios conglomerados económicos peruanos, lo que llevó a la Fiscalía a considerar que se había conformado una «organización criminal», por lo que también se debía ordenar la disolución de Fuerza Popular.
El pasado 2 de julio, el equipo fiscal que investiga el caso Lava Jato en Perú amplió a 35 años la solicitud de prisión para Fujimori por este caso, al presentar una nueva acusación penal después de que el juicio oral, en el que pedía 30 años de cárcel para la política, fuera anulado en abril y el proceso devuelto a la etapa previa de acusación.
La presentación de la nueva acusación se dio en cumplimiento de otra resolución emitida en 2023 por el TC y luego de que la Segunda Sala Penal de Apelaciones del Poder Judicial declaró infundada una apelación del fiscal anticorrupción José Domingo Pérez, con lo que ratificó la decisión del Constitucional.
Además de ordenar que la Fiscalía emitiera una nueva acusación ajustada a procedimiento, el TC también sostuvo que había vicios en el auto de enjuiciamiento que hacían insostenible la continuidad del juicio oral, que había comenzado el 1 de julio de 2024.
Jefe de equipo fiscal cree que el fallo es un «golpe» contra la Justicia
Para el jefe del equipo fiscal que investiga el caso Lava Jato en Perú, Rafael Vela, el fallo del TC es un «golpe al sistema de administración de Justicia» en su país.
«Es un precedente nefasto, porque ataca exactamente lo que la sociedad demanda, que es la averiguación de la verdad», declaró en la emisora local Radio Exitosa, recordando que el proceso se encontraba ya en la «etapa estelar» de juicio oral, y que por ende, la decisión del TC es «inédita, porque además representa la sustitución de las tareas y deberes de un poder del Estado, como es el Poder Judicial».
«Lo sustituye ahora por una especie de cuarta instancia, para evidentemente favorecer los intereses, desde nuestra estimación, de la política», remarcó.
Ante esta situación, Vela consideró que el sistema de justicia nacional debe responder ante las medidas que se toman desde otras instancias: «Lo que buscan es captar todo, copar todo, y el último estanco que nos quedaba era el Poder Judicial», acusó.
El persecutor también relevó que el control del proceso contra Fujimori «ha sido tan exhaustivo que ha participado la Corte Suprema en más de una oportunidad».
Asimismo, Vela sostuvo que Fujimori lanzó «una amenaza» contra el sistema judicial cuando este lunes anunció que no piensa denunciar a los fiscales que la investigaron «personalmente», pero dejó abierta la posibilidad de que Fuerza Popular lo haga.
Con este precedente, Ollanta Humala afirma que peleará por su libertad
En tanto, el expresidente peruano Ollanta Humala, condenado a prisión por haber financiado irregularmente sus campañas electorales con fondos procedentes del expresidente venezolano Hugo Chávez y de la constructora brasileña Odebrecht a sus campañas de 2006 y 2011, respectivamente, anunció que va a «pelear» por su libertad.
Humala lo afirmó en su cuenta de X en vista de que el fallo que favoreció a Fujimori se da por una causa similar a la suya y, en su opinión, confirma que «un presunto aporte de campaña no es delito».
A juicio del exmandatario, sentenciado a 15 años de prisión por lavado de activos, el TC ratifica lo que lleva defendiendo hace 19 años, y que «no lo hizo antes porque no hay una voluntad de hacer justicia» en su caso.
«Vivimos un acoso judicial desde el 2006; pero hoy, será jurídicamente imposible que el Poder Judicial pueda liberar a Fuerza Popular y mantener activo nuestro caso», advirtió, argumentando que «lo contrario, demostraría una vez más, el ensañamiento».
El expresidente Humala (2011-2016) está preso desde abril en Barbadillo, la cárcel de Perú reservada para exmandatarios, mientras que su esposa Nadine Heredia tuvo la misma sentencia, pero recibió asilo político de Brasil y reside en ese país con su hijo menor.
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