Oposición califica como «promesa engañosa» el plan de seguridad de Steinert
La oposición continúa con su arremetida contra la gestión de la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, luego de que reconociera que no anticipaba la exigencia de «un plan estructurado y concreto» por parte del Congreso.
[Lea también] Seguridad: Ministra Steinert enfrenta tormenta de críticas y dudas legislativas
El senador Juan Luis Castro (PS), integrante de la Comisión de Seguridad en la Cámara, recordó que se «les puso un cronómetro a los migrantes para irse el 11 de marzo. Bueno, esto se esfumó, no sé si por vía de metáfora, hipérbole, pónganle el título que quieran».
«Lo que se percibe es que hay una promesa engañosa. El hecho que todavía no se expliciten las maneras en que esto se va a abordar es un desafío cada vez más contra el tiempo para el actual Gobierno», fustigó el parlamentario.
En tanto, el diputado Marcos Barraza (PC) señaló que en materia de seguridad «es muy notorio que la ciudadanía tiene una mala valoración respecto de lo que el Gobierno ha hecho, porque no hay un plan operativo concreto, no hay una estrategia».
«Lo que vimos en la cuenta que dio la ministra de Seguridad Pública en la sesión especial no fue otra cosa que un paper mal leído, pero eso simboliza y refleja la incapacidad que ha tenido el Gobierno de tener políticas públicas en materia de seguridad pública concretas», cuestionó.
Oficialismo defiende a Steinert: «Está más que preparada»
Desde el oficialismo, el diputado Jorge Alessandri (UDI), presidente de la Cámara Baja, respaldó la gestión de la titular de Seguridad y aseguró que «está más que preparada, además no está sola, tiene mucho apoyo del Gobierno, del Presidente de la República, de los parlamentarios, y estoy seguro que eso se va a empezar a notar, de los subsecretarios también, y eso se va a empezar a notar muy pronto».
«Estoy seguro que más del 60% de la cuenta pública va a enfatizar temas de seguridad», complementó el legislador gremialista.
«Existe un plan, así fue expuesto en la Comisión de Seguridad de la Cámara, en la Comisión de Seguridad del Senado», dijo el diputado Alessandri. (Foto: ATON).
Por su parte, el diputado José Carlos Meza (Partido Republicano) apuntó contra la Administración de Gabriel Boric: «Nos tenían acostumbrados quizás a ministros de declaraciones grandilocuentes pero de resultados paupérrimos», sostuvo.
«Me quedo muy contento con una ministra que tiene grandes resultados y que ya ha presentado, no solo el otro día en la Cámara de Diputados, sino que a principios de abril en la Comisión de Seguridad del Senado, un plan de seguridad bastante conciso. Ahora, si alguien quiere que además le llegue impreso y anillado, bueno, tendremos que hacerlo», añadió.
Pavez: «Están los resultados, el cambio de mano es real»
El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, salió al paso de los cuestionamientos hacia el Gobierno, defendiendo los resultados operativos de los primeros dos meses de gestión.
«En los dos primeros meses de Gobierno, en los tres temas que son importantes: evitar el ingreso de extranjeros ilegales, materializar expulsiones pendientes y además reconducciones y en salidas voluntarias, en todas esas cifras el gobierno muestra sustantivamente mejores resultados que el Gobierno anterior, lo que se condice con su promesa de campaña de ordenar la casa», aseguró.
«Siete megaoperativos con más de 7 mil personas detenidas, cinco toneladas de marihuana, que es una incautación histórica que se ha visto en las últimas semanas. Ahí están los resultados de los dos meses de Gobierno. El cambio de mano es real», enfatizó.
[Lea también] Plan de seguridad del Gobierno abre debate sobre cárceles y crimen organizado
El subsecretario también aclaró la controversia surgida por una indicación que sugería el reporte de migrantes en situación irregular dentro de colegios y hospitales, descartando que exista una obligación de denuncia por parte de estas instituciones.
La autoridad explicó que la medida busca facilitar que el Servicio Nacional de Migraciones acceda a datos de contacto para ejecutar procesos administrativos o de expulsión ya iniciados, sin vulnerar el acceso a derechos básicos como salud y educación.